¿Y quién define qué es autorregulación?

Congresista por casualidad y controvertido broadcaster limeño, Ricardo Belmont Cassinelli ha alborotado el gallinero político y periodístico esta semana, con su propuesta sobre sanción penal para editores, gerentes y directores que difunden pornografía en los medios de comunicación.

La iniciativa ha caído tan mal entre los directivos de los diarios, radios y estaciones de televisión que el Consejo de la Prensa Peruana –el gremio de propietarios de los medios de comunicación— no demoró en emitir un pronunciamiento para zanjar posiciones respecto a este espinoso tema. (http://www.consejoprensaperuana.org.pe/tempo/detnoticia.php?item=MTMy)

Inquinas y simpatías aparte, el mérito de RBC es haber puesto en agenda, una vez más, el viejo debate sobre el papel de los medios de comunicación y los riesgos de una hasta hoy no comprobada influencia negativa directa en las actitudes y las conductas de las audiencias.

Desde el martes, con cierta razón, los críticos del proyecto comenzaron a hablar de mordaza, de intervención en los medios, de amenaza contra la libertad de expresión, de censura (http://peru21.pe/noticia/499412/vitocho-proyecto-afecta-libertad-prensa). Y con gran insistencia, han formulado una pregunta en tono iracundo: Si se llegara a aprobar esta ley, ¿quién definirá lo que es obscenidad?

El gremio periodístico rechaza la idea de la sanción penal. Pasarse hasta seis años tras las rejas por una calata es algo que nadie quisiera en el certificado de antecedentes penitenciarios. Y, a cambio, periodistas y propietarios levantan el argumento de la autorregulación.

Surge aquí una observación pertinente. Así como es válido que la prensa se pregunte quién decidirá qué es pornográfico y obsceno, resulta completamente comprensible que la ciudadanía se pregunte: ¿Y quién define qué es autorregulación?

No del todo libres de ingenuidad, algunos periodistas creen que la autorregulación se logrará con ayuda de los anunciantes. Como si la lógica del mercadeo pudiera desprenderse, aunque sea en forma temporal, de la dictadura del rating, los estudios de audiencia y los índices de lectoría.

Otros piensan que la autorregulación debería ser un proceso acompañado por la sociedad civil, por medio de observatorios o veedurías ciudadanas (http://www.veeduria.org.pe/) investidas de suficiente autoridad simbólica como para subir o bajar pulgares, según los contenidos de los medios sean apropiados o nocivos.

En cualquier caso, este es un tema que merece un debate mucho más amplio, honesto, en el cual se considere también la dimensión tecnológica del asunto de la comunicación. No perdamos de vista que una “malcriada” sin vestiduras está ahora apenas a un clic de distancia.

Comunicación negativa y efecto bumerán

Entrar con el pie en alto en el juego de la comunicación destructiva puede tener un efecto bumerán en la campaña por la alcaldía de Lima. Si los seguidores de Alex Kouri creen que ganan apoyo para su líder con mensajes orientados a minar la imagen de Lourdes Flores, se equivocan de cabo a rabo. La hoja de vida del postulante de la “L” también tiene manchas, incluso más pronunciadas.

En temporada electoral, los mensajes negativos constituyen un recurso inevitable; es cierto. Pero aun ellos deben responder a una estrategia con metas y objetivos claros. El riesgo de dejar estos contenidos a la libre creatividad de los activistas espontáneos y los ayayeros profesionales que pululan en la red es muy alto.

¿Quién se favorece con estas piezas de “comunicación”, sazonadas con más hígado que criterio? A la larga, la “antipropaganda” –en uno y otro sentido— termina por desnudar las flaquezas de los dos punteros en las encuestas, ninguno de los cuales puede atribuirse a estas alturas la representación de la decencia.

“¡Miren, qué corrupta es esta señora!”, parece ser el mensaje de la “PPC card”. Pero, ¿qué le ofrecen a cambio a los electores hastiados de la corrupción: el escándalo del peaje de Faucett; los sillones de cuero de la salita del SIN; un hermano que se mete al bolsillo 15 mil dólares de la mafia del “Doc”?

La Teoría del Dominó, que se aplica con buenos resultados en la publicidad de bienes y servicios, tiene efectos limitados en el terreno de la comunicación política. Los mensajes llevan al conocimiento, el conocimiento determina actitudes y las actitudes desembocan en conductas. Funciona con el café y el detergente; pero con aspirantes de pasado y presente controvertidos, nada garantiza el voto a favor.

Pese a su ventaja de más de 10 puntos en los sondeos, Flores no debería sentirse tan segura de esas cifras. La reciente incorporación de “hijitos queridos” en su lista de regidores no ha sido bien recibida por un sector importante de electores, principalmente jóvenes, que encuentran en esos tratos una capitulación con los estilos tradicionales de hacer política. En realidad –podría uno decir— nada más tradicional que una candidata con cuatro campañas previas y ningún triunfo propio en su haber.

No obstante, en este caso, salva a Lourdes Flores el que Kouri haya hecho algo similar con los parientes de su casero político. De cualquier forma, habrá que esperar a la siguiente encuesta seria para saber cuál es el costo-beneficio de estos jales sorpresa.

Quienes podrían salir beneficiados de este mejunje pre electoral son los llamados “candidatos chicos”: Susana Villarán, Fernando Andrade, Luis Iberico, María Eugenia de la Puente. Todo dependerá de cómo planteen sus propias estrategias de campaña. Parafraseando a un narrador de fútbol, ahora que estamos en pleno mundial, me animo a afirmar: Un candidato más con posibilidades va a haber.

¿Y el mercado mayorista de Santa Anita?

Si la lentitud judicial en el Perú es de leyenda, lo mismo podría decirse de la “eficiencia” de nuestras autoridades edilicias. No obstante los tres años transcurridos desde la recuperación del Mercado Mayorista de Santa Anita, la gestión de Luis Castañeda Lossio no entrega hasta hoy el centro de abastos moderno y funcional que prometió a los limeños el 28 de mayo de 2007.

Para quienes no lo recuerdan con precisión, el desalojo de los invasores piloteados por Herminio Porras se produjo hace más de tres años, con una publicitada operación policial que dio pie para que el entonces ministro del Interior, Luis Alva Castro, promoviera la creación del “Día del Principio de Autoridad”.

“En menos de veinte minutos, cuatro mil policías recuperaron para el país un enorme mercado que permaneció invadido por casi cinco años. ¿Había que esperar tanto? En el Perú, el sistema judicial camina a su propio ritmo, como si la paciencia de la población fuera inagotable”. Hasta ahí, el texto de portada del especial publicado el 29 de mayo de 2007 en el diario El Peruano.

Al término de la intervención –donde hicieron su debut los aparatosos “robocop”—, los funcionarios de la Empresa de Mercados Mayoristas de Lima ofrecieron terminar el mercado en un año. Y se dieron el lujo de anunciar que, por fin, la Ciudad Jardín tendría un centro de abastos como el de Barcelona. O se fueron de boca o saben muy poco de planificación.

El alcalde de Lima, como de costumbre, hizo un comentario escueto, para decirles a los limeños que prefirió no tomar parte en la operación para no opacar a la Policía Nacional ni restar protagonismo a los verdaderos artífices del desalojo.

Al margen de estilos personales y modelos de comunicación de gobierno, hay detrás de esto una pregunta pertinente: ¿Cuál es más lento: El Metropolitano o el Mercado de Santa Anita?

Salvando las distancias de costos y presupuestos, hay elementos para afirmar que el proyecto Santa Anita es el más “tortuga” de los dos. Para empezar, se trata de una obra circunscrita a un terreno cerrado, libre, donde no hay que lidiar con el tránsito ni con la gente.

En segundo lugar, es un proyecto de muchísimo menor envergadura. Y si bien ya hay construcciones a la vista de quienes transitan a diario por la Carretera Central y la Avenida de la Cultura, nadie da explicación sobre la demora en la entrega del mercado. Proyectos más grandes y más complejos se ejecutan en tiempos más cortos.

Por temas como El Metropolitano, Santa Anita y Comunicore –entre otros—, llama la atención que la aprobación de la gestión de Castañeda Lossio continúe por encima del 60 por ciento. La encuesta que se difunde hoy sobre intención de voto presidencial lo ubica en el primer lugar, con 23 por ciento, varios puntos por encima de Keiko, Humala y Toledo.

Así las cosas, habría que entender los mecanismos emocionales que hacen que la población siga respaldando a un personaje al que Uceda llama "indescifrable" (http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=4265&pag=1). De hecho, los ciudadanos que hoy le dan a Castañeda su aprobación en los sondeos no son automáticamente los que votarán por él en las presidenciales del próximo año.